Toda transacción comercial ajustada a los más añejos como modernos principios del intercambio comercial, está signada por la vigencia de dos elementos: el costo de la producción, y la importancia de que dicho valor no sea anulado por la imposibilidad de la compra ajustada a la futura vigencia de dicho bien en el mercado.

Los consumidores siempre determinan si dicho costo se ajusta a los patrones éticos de la transacción. Su inobjetable sabiduría, permanentemente, se impone a la sesgada visión suspicaz de quien gobierna; asimismo, es capaz de condicionar al poseedor del bien, para que sus apetencias rentistas no condicionen la satisfacción de la necesidad humana en la posesión del producto final.

Es decir, no es posible la pretensión del sometimiento al poseedor del bien, bajo el argumento de que hay que proteger al consumidor, si no se valora respetuosamente su presencia e intervención, en nombre de la imperiosa satisfacción de una necesidad, y que, en consecuencia, se atreve a confrontar a quienes, intencional o accidentalmente, se empeñan en anular su derecho a decidir.

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