LAS ACCIONES PUBLICAS CONTRA EL DELITO ORGANIZADO DE AUTOPARTES
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Es un hecho. No es nuevo. Ha sido acusado de tener espacios preocupantes en el ámbito del comercio ilegal en el país. Sin embargo, quienes desarrollan actividades formales y legales en el país no son escuchados con la atención necesaria. Es lo que han dicho insistentemente. Y es por eso por lo que, cuando la dirigencia gremial representada en la Cámara Nacional del Comercio de Autopartes (Canidra) lo ha denunciado nuevamente en diferentes partes del país, sin que se haya producido una acción gubernamental en los términos que lo demanda dicha denuncia, la situación preocupa.

Y preocupa porque mientras los propietarios de vehículos aprecien el desenfreno anarquizado del comercio ilegal, y el empresariado que se desempeña en cumplimiento de las normas y disposiciones formales no aprecien la adopción rígida contra los practicantes del delito, hay posibilidades que se insista en repetir. Por una parte, que el negocio venezolano de autopartes está a cargo de relacionados con el delito, por lo que todo vinculado al mismo, se desempeña al margen de la ley. Y que, por otro lado, el campo del negocio en Venezuela obedece a las pautas que promueve, rige y dominan aquellos que se saben amos del desenvolvimiento de las actividades que se lucran con base en la ausencia de la aplicación de la rigidez de la ley.

Pueden emitirse las opiniones más atrevidas cuando se le trata de encontrar sentido, vigencia y permanencia de la presencia en el terreno del delito convertido en guía y pauta del comercio de autopartes en el país. Sin embargo, lo que en tal espacio ilegal no tiene sitio y desenvolvimiento cómplice, es en el señalamiento fácil, atrevido e irresponsable de acusar a la importación, la representación de marcas y al comercio formal de autopartes de saberse beneficiar de dicha manera de sostener actividades en el terreno venezolano.

De hecho, pocos días no registran en cualquier parte del país, la opinión de afiliados a Canidra o que estén relacionados con la afiliación de dicho organismo empresarial, y que se atrevan a precisar qué es lo que pudiera estar sucediendo en el mercado, de qué manera es que ingresan al mercado productos, marcas y plagios. Pero, además, que se atrevan a exhortar a las instancias gubernamentales, para que contengan a quienes viven del engaño alrededor del falso comercio de las autopartes en Venezuela.

Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera enfrentarlo? Ese es el exigente reto que está planteado en el mercado venezolano. No sólo para quienes viven hoy de la actividad formal del comercio de las autopartes. También, y por sobre todas las implicaciones del hecho, a las autoridades, como a las propias víctimas directas del delito organizado, es decir, a los propietarios de vehículos que, día a día, se convierten en los promotores de la trampa. Es decir, de los cultivadores del delito que saben cómo moverse en el terreno venezolano, a la vez que han sabido, podido y desenvolverse con relativa audacia, en lo que ya en el negocio formal lo califican de la cultura victoriosa de la postpandemia automotriz.

Ahora ¿cuánto tiempo más se mantendrá la vigencia de dicha cultura? Por lo pronto, y mientras se construye un serio impedimento a esa manera venezolana de hacer ciertos negocios, el primer paso contra el hecho impropio corre por cuenta de las autoridades. Ya que es la que puede actuar, noche y día, con base en sus vigentes sistemas de control y disposiciones legales, además de apoyarse en el desempeño del personal debidamente formado, para proceder con base en la ventaja siempre dominante del Estado que decide, actúa y castiga.

Brindar a los empresarios un espacio donde puedan relacionarse con marcas nacionales e internacionales para nuevos negocios.

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